Por un lado, la producción de alimentos no debe verse alejada o contraria a la conservación de los ecosistemas forestales, pues los sistemas agroalimentarios, en gran medida, dependen de la viabilidad y buen estado de dichos ecosistemas y de los servicios ambientales que estos ofrecen, sobre todo de los correspondientes al sustento (suelos y nutrientes) y de regulación del ciclo hidrológico.
Por ello, es necesario revisar, y, en su caso, suspenderse los apoyos gubernamentales a usuarios de la tierra que hayan deforestado en los últimos años, así como terminar con los programas que impulsan el uso de herbicidas e insecticidas y promover sistemas agroecológicos basados en los conocimientos, semillas y técnicas ancestrales de las comunidades campesinas e indígenas.
Por otra parte, en cuanto a la promoción de la actividad turística ésta debe revisarse ya que el modelo impulsado ha generado daños y amenazado la viabilidad de los ecosistemas forestales y costeros de la región. En ese sentido, se vuelve necesario conjuntar esfuerzos para prohibir la construcción de infraestructura hotelera en selvas y manglares, así como establecer lineamientos obligatorios que detengan el avance del turismo de masas. Los resultados del estudio son un llamado a que, por un lado, los gobiernos de los distintos niveles tomen un papel activo para hacer cumplir la ley ambiental y alinear sus incentivos y programas que convergen en el territorio. Es un momento urgente para diseñar e implementar programas que se basen en las necesidades de la población rural, apoyando sistemas productivos campesinos como la apicultura o la milpa maya, además de no fomentar más el crecimiento de la frontera agropecuaria, el uso de agroquímicos que envenenan el acuífero, o el avance urbano indiscriminado y mal planificado.
Por otro lado, se considera que es necesario generar una estrategia de impulso al manejo y uso sostenible de la selva por parte de las comunidades dueñas, que incluya, la simplificación de los procesos y trámites administrativos relacionados con el manejo de esta, así como con la gestión de apoyos buscando que estos puedan realizarse directamente por los representantes ejidales y no por intermediarios. Lo anterior, debido a que se ha demostrado que los incentivos orientados a promover el aprovechamiento forestal sustentable son alternativas efectivas para contener la deforestación; sin embargo, el costo en tiempo y esfuerzo necesarios para obtener una autorización para el aprovechamiento forestal es muy alto y pueden llevar en ocasiones más de año, por lo que otro tipo de programas, como los del sector agropecuario, se vuelven “más atractivos” en términos de oportunidad y costo-beneficio para los dueños de la tierra.
Detener la pérdida de las selvas es un imperativo, no solamente por cumplir con las metas que se ha propuesto México frente a organismos internacionales referentes al tema de deforestación y atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también por una cuestión de responsabilidad y respeto frente a las comunidades rurales, pueblos indígenas, la población urbana y frente a las futuras generaciones.